• Garsiva presupuestó las cargas del sector en 2017 en 5.047.002,11 euros frente a los 5.225.000 euros de límite que establece la ley de contratos del sector público para la libre concurrencia de la contratación

El PAI Medina de Llíber, que prevé la construcción de 488 viviendas, cada una con su piscina, es una caja de casualidades y sorpresas se mire por donde se mire. Tanto la memoria de viabilidad económica del PAI presentada en el Ayuntamiento, que fue redactada en diciembre de 2017, como el convenio firmado el 17 de diciembre de 2021 por el alcalde de Llíber, Juan José Reus, y el representante de la empresa urbanizadora Garsiva, SL., Bernardo Vicente Soliveres Tur, recoge un dato que dejó en manos de la mercantil, propietaria de todo el suelo del sector, elegir a dedo a la empresa que ejecutara las obras.

Panorámica de las obras del PAI Medina Llíber.

Ambos documentos reflejan que "las cargas totales del Programa de Actuación Integrada (PAI) ascienden a la cantidad de 5.047.002,11 euros (IVA no incluido) y serán satisfechas por los propietarios de suelo en el modo y forma establecidos en los artículos 149 y 156 de la LOTUP". No es una cifra cualquiera, dado que la legislación estatal establece límites para la contratación discrecional de estas obras.

El coste previsto de 5.047.002,11 euros  está mínimamente por debajo del umbral que establece LOTUP de 5.225.000 euros que hubiera obligado a la mercantil Garsiva, del grupo VAPF, a una pública licitación, convocando y adjudicando mediante un procedimiento de contratación acorde con la legislación de contratos del sector público. Es decir, que la mínima diferencia de 178.998,99 euros, del 3,5%, permitió a la mercantil elegir y contratar libremente a la o las empresas que ejecutan las obras del PAI.

Claro que el coste de los trabajos se calculó en 2017, mientras las obras se iniciaron en 2023, seis años después. Más allá de la propia inflación, que solo el año anterior al inicio de las obras, en 2022, fue del 8,4%, hay que añadir el incremento del precio de los materiales y de los costes de construcción en general. Son muchas las obras públicas y privadas que el adjudicatario o constructor ha paralizado e incluso abandonado porque el incremento de los costes se disparó y solicitaron una revisión del presupuesto.

Si el Ayuntamiento hubiera obligado a la mercantil a recalcular el coste de la urbanización en base a la actualización de los precios y costes solo al año de inicio de las obras en el PAI, es muy evidente que Garsiva habría tenido que someterse a un procedimiento público de contratación para ejecutarlas, independientemente de que al ser el propietario único de todo el suelo del sector se hubiera presentado o no lo hubiera hecho alguna mercantil.

La repercusión económica en los solares

Otras de las cuestiones que recoge la desfasada memoria económica del PAI de 2017 es la repercusión en solar urbanizado, que asciende a 130,62 euros por metro de techo (m2 t). Dado que el PAI suma 125.779 m2 t, la simple multiplicación da como resultado la suma de 16,43 millones de euros. Y de esos 130,62 euros por m2 t, 40,13 euros serían para retribuir a la propiedad del suelo. Es decir, algo más de 5 millones de euros.