ANÁLISIS

• La condena del exconcejal popular y del funcionario ha tenido un impacto mediático casi planetario, el suficiente para que César Sánchez a lo mejor aclarara alguna cosa a sus compañeros de bancada en el Congreso
• Dos grandes incógnitas: si los restos mortales del ciudadano alemán arrojados a una fosa común regresarán al nicho original y si el funcionario condenado se marchará a su casa

Cualquier asunto vinculado con la muerte y tocado por lo macabro interesa en cualquier sitio. Mucho. De ahí que la condena por el caso del cementerio de Calp haya gozado de una repercusión simplemente bestial. Universal.

No es de extrañar si se revisan los adjetivos que contiene la sentencia que condena al exconcejal del PP Bernardo Moll por un delito de prevaricación al ordenar la exhumación de un difunto para instalar en ese nicho a la abuela de un funcionario, también condenado: el fallo judicial afirma que tal decisión «contravino groseramente el ordenamiento jurídico mediante una arbitrariedad palmaria»; que Moll maniobró «sin seguir el procedimiento administrativo» y «a sabiendas de que no podía hacerlo»; y que además conocía que la resolución «era ilegal».

A ello hay que añadir que los restos del difunto que ocupaba originalmente la tumba, el ciudadano alemán Wilhelm Klatt, nacido en 1896, fallecido en 1973 y cuyos herederos ostentaban la concesión por un plazo de 99 años, acabaron en una fosa común; o las relaciones de parentesco con tintes casi berlangianos de los que también puede presumir esa historia. Una tormenta perfecta. 

Así, la noticia ha ocupado las portadas de la mayoría de medios nacionales: de periódicos de corte ideológico muy diverso (El Español, Público, eldiario.es, 20 minutos, La Razón, El Debate); de las televisiones generalistas (Antena 3, Telecinco, la Sexta); de emisoras de radio (Onda Cero, la Ser, RNE); o de rotativos españoles especializados en asuntos jurídicos (Confilegal y Confidencial Judicial).

Y también de incontables publicaciones de todas las autonomías españolas, que del mismo modo se han explayado en los detalles por los que Moll ha sido condenado a nueve años de inabilitación para cargo público y el funcionario Antonio Cabrera, que era nada más y nada menos que el jefe municipal de recursos humanos, a dos años y tres meses.

Rumbo a México

Y no ha acabado la cosa ahí. La crónica era tan jugosa que ha saltado el Atlántico y ha sido publicada al menos en dos periódicos de México, uno de ámbito nacional, Milenio, y otro, Zócalo, radicado en un área metropolitana de más de un millón de habitantes.

El teletipo mexicano amplificaba todavía más los detalles tétricos. Ambos rotativos titulaban, de forma un tanto amarillista y además con un clamoroso error de la siguiente manera: «Hombre (Antonio Cabrera) profana tumba y mete a su abuela en España; le dan 9 años de cárcel (no eran de cárcel sino de inhabilitación y no para Cabrera sino para Moll).

El subtítulo es aún más dramático: «El culpable era empleado del ayuntamiento, y junto a un cómplice sacó un cadáver de su nicho y lo metió en una fosa común». Ese cómplice (vaya trato para un concejal pero ganado a pulso), sí era Moll.

Errores aparte, no se puede hacer peor promoción nacional o internacional de Calp. Ni se puede bordear tanto un ridículo por todo el planeta Tierra. 

En realidad ha sido un favor para el PP

Y eso que, aunque de forma involuntaria, todos esos medios a un lado y al otro del océano le han hecho un favor ya no solo a los dos condenados sino también al Partido Popular. Porque la mayoría se limitaron a copiar y pegar la nota de prensa que emitió el TSJ de la Comunitat Valenciana y que no concretaba ni los nombres de ambos procesados ni sobre todo que Bernardo Moll pertenecía al PP.

Dada la estratosférica repercusión del caso, es bien probable (o no) que todo eso le haya ahorrado al actual líder de los populares calpinos, el también diputado nacional César Sánchez, alguna explicación a su propia bancada a la hora de acudir a las sesiones del Congreso. ¿Pero que hacíais vosotros con los muertos, hombre? le podría haber preguntado alguien como el portavoz popular en la cámara y por lo tanto su jefe de filas, Miguel Tellado. O sea, que incluso hubiéramos podido hablar de un asunto de política nacional.

Porque no hay que olvidar que Sánchez era el alcalde de Calp cuando el PSOE  destapó el caso que este periódico publicó en enero de 2019; Sánchez era el jefe de Moll, el que le delegó a Moll la competencia del cementerio y el que incluyó a Moll en la lista electoral para los comicios locales.

Y ahora qué (1): el futuro político

No es ni mucho menos el primer varapalo judicial que encaja el PP de Calp por la gestión del municipio que controló durante décadas. Ya antes estuvo el caso Brugal (que supuso una condena para el exalcalde Javier Morató) y está pendiente el de Aguas de Calpe.

Pero este sí atañe directamente a la gestión que realizó César Sánchez, alcalde de esta población entre 2011 y 2019. Mientras él ocupaba el ala más noble del ayuntamiento, ocurrían cosas muy feas en otros despachos. No es ninguna elucubración. Vienen (pueden consultarlo) en la sentencia.

En la actualidad, Sánchez sigue siendo el hombre fuerte del PP en Calp: hace poco Carlos Mazón le nombró presidente de la gestora del partido, lo que es garantizarle que repetirá como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones. ¿Dañará este caso el prestigio de Sánchez y de su grupo?

Es poco probable. Bien es cierto que los casos de corrupción sí le han pasado factura al PP calpino, ahora muy lejos de las mayorías absolutas que logró antaño. Pero aún así ya se conocían los relatos para no dormir del cementerio (aunque no hubiera condena) cuando en las últimas elecciones los populares volvieron a ser la lista más votada.

Lo que estaría muy bien, porque sería síntoma de salud democrática, es que la gente de César Sánchez diera alguna explicación. Incluso que pidiera perdón. Y que el actual ejecutivo compuesto por Somos Calpe, PSPV y Compromís (que nunca ha hablado demasiado de este tema a excepción de los socialistas) se lo exigiera. Por mucho que el fallo aún no sea firme y que los dos condenados hayan sido absueltos de otros delitos que también se les imputaba.

Y ahora qué (2): los restos del difunto

Se ha pensado poco en esto: cuando Wilhelm Klatt era un niño y por supuesto ya en edad adulta jamás debió imaginar que sus restos sufrirían tal trasiego, que acabarían en una fosa común y que su nombre pasaría a la posteridad por tan lúgubres causas. Quizás con esa intención, la de restituir su memoria, el fiscal Felipe Briones solicitó que los restos mortales del difunto se repusieran en su nicho original, abonando de paso los gastos íntegros ambos acusados. Pero el tribunal ha dicho que no. 

Lo ha expuesto en la sentencia de un modo un poco confuso, afirmando que «habida cuenta que ello requiere un acto administrativo de competencia de la Corporación Local de Calpe, que además se ajuste a las normas sobre Policía Mortuoria, por lo que no es un acto que puedan ejecutar los encausados».

Al respecto, el actual concejal de Cementerios de Calp, el socialista Marco Bittner, contestó a La Marina Plaza que «el ayuntamiento estudia pedir aclaración de sentencia en el sentido de que si lo ordena el juzgado se haría, siempre y cuando se imponga el coste a los acusados».

Es pues una incógnita a despejar. Porque además tal operación afectaría a su vez (tampoco se ha pensado mucho en eso) a los restos mortales de la abuela de Cabrera ahora enterrada allí, quien tampoco pensó ni en su infancia ni en la edad adulta que pasaría a la posteridad por el mismo motivo que Klatt.

Y ahora qué (3): el destino del funcionario

Moll ya no es concejal y no es probable (aunque la vida te da sorpresas) que ningún partido le quiera fichar. Cuestión diferente es la de Antonio Cabrera, quien ha sido  condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación. Él sigue siendo funcionario del Ayuntamiento de Calp. ¿Se tendrá que ir a su casa? ¿Cuándo?

Eso es lo que están estudiando los servicios jurídicos municipales. Lo más importante es recordar que la sentencia no es firme: menciona un plazo de diez días para interponer recurso ante el TSJ. Ahora bien, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la interposición de ese recurso de apelación no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia. Lo que sí puede hacer el funcionario es solicitar la suspensión de la misma mientras se resuelve esa apelación. Y que el tribunal decida.

Así que se abren dos vías. Si el tribunal no concede esa suspensión, Cabrera deberá cesar en su cargo en la administración pública al menos hasta que se resuelva su apelación. En cambio si el tribunal se la concede, el técnico podrá continuar en su puesto de trabajo también hasta que finalmente se dictamine sobre su hipotético recurso.