• PP, Compromís y Ciudadanos tiran de planos para asegurar que en el inmueble del arquitecto municipal en la Granadella sí se prevé una recalificación encubierta: «El alcalde ha dejado como supervisor del Plan General a la misma persona cuya vivienda se convertirá en intocable gracias a ese mismo plan»

Rosa Cardona enseña los planos a los periodistas esta mañana de lunes.

Los portavoces de Partido Popular, Compromís y Ciudadanos han advertido este lunes de que el futuro Plan General de Xàbia «que está llamado a proteger casi 10 millones de metros cuadrados de territorio casualmente viene a blindar la vivienda en la Granadella del jefe del Urbanismo en Xàbia, quien es el encargado de supervisar ese mismo Plan General». Cabe recordar que sobre las obras de ese chalet perteneciente a Enric Morera pesa una sentencia firme advirtiendo que las mismas no se ajustan a la legalidad. Sin embargo, lo que ahora defiende la oposición es que en el nuevo PGOU esos terrenos pasarían a ser urbanos, con lo que el inmueble quedaría en la práctica legalizado.

Al respecto,  los representantes de esas tres fuerzas políticas, Rosa Cardona del PP, Juan Cardona de Compromís y Enrique Escrivá de Ciudadanos, alertan de que «lo que falta saber es si el alcalde, el socialista José Chulvi va a seguir dilatando la restauración de la legalidad y blanqueando las ilegalidades que planean sobre la vivienda a través del futuro plan general». Y han lamentado que «el alcalde de Xàbia ha dejado como máximo responsable del urbanismo y encargado de dar luz verde al Plan General a una persona sobre cuya vivienda pesan claras sospechas de ilegalidad pero que sin embargo pasará a ser intocable en términos urbanísticos si casualmente ese plan sale adelante».

Para la oposición, este es «un hecho grave y reprobable ética y políticamente que no puede seguir manteniéndose más en el tiempo por el grave perjuicio que ocasiona a la imagen de Xàbia en general y a la del departamento municipal de Urbanismo».

Un perímetro que de pronto se ensancha

Como ya publicó este periódico, el pasado viernes Chulvi había acusado a los tres grupos de «mentir» cuando ya aseguraron que el nuevo Plan General del municipio que aún está en tramitación ante la conselleria «blinda» la casa del arquitecto municipal. Por el contrario, el alcalde, que consideró esa acusación como una afrenta «personal», advirtió de que ese suelo de  la Granadella, seguiría siendo no urbanizable de especial protección. Y que por lo tanto no se blindaba nada. 

Sin embargo tres días después, la oposición ha respondido: «Antes de acusar a la oposición de mentir, que el alcalde revise su propio Plan General porque si decimos que se va a producir una recalificación encubierta es porque en el mapa de zonificación puede apreciarse que el antiguo núcleo histórico que antes incluía solo las casas tradicionales de la avenida del Tío Català ha sido ahora ampliado a través de un perímetro bastante irregular y arbitrario para englobar la vivienda del arquitecto municipal y otros inmuebles». El resultado es que ahora la casa de Morera al pertenecer a ese núcleo histórico queda incluida dentro de un "área de suelo urbano", tal y como afirma literalmente esa documentación.

El perímetro en el que ha quedado englobada la casa de Morera.

Según el relato de las tres formaciones, ahora mismo con el planeamiento actual que rige en Xàbia la vivienda del arquitecto municipal «no tenía ningún derecho, al estar en suelo de máxima protección» pero cuando entre en vigor el nuevo Plan General sí que «podrá reclamar los mismos derechos» que las mencionadas casas tradicionales del Tío Català o las enclavadas en otras zonas con el mismo nivel urbanístico como la Villa, Duanes, Triana o Ravals, todas ellas "áreas integradas en la zona urbanizada residencial del casco urbano" según afirma una vez más de modo literal la documentación. Y esas casas tienen derecho a "mantenerse y conservarse". 

Esta recalificación «es más grave todavía porque al pasar la vivienda a suelo urbano, la infracción urbanística que pesa sobre ella habría prescrito,  lo que significaría que las obras realizadas en ese inmueble quedarían impunes y sería imposible restablecer la legalidad en ese suelo de la Granadella». Todo ello pese a que sobre la casa pesa una sentencia de 2014 (firme desde 2018) que alerta de que las obras que se hicieron allí no se ajustan a la legalidad.

Tres años para una catas

«Quizás no se tarda solo 6 segundos en ver esto, pero desde luego no se tarda 3 años como ha tardado el gobierno local a la hora de encargar en la casa del arquitecto las catas, solicitadas varias veces por los técnicos del ayuntamiento para comprobar si, efectivamente, las obras realizadas en el inmueble excedieron la licencia otorgada e incluso pudo realizarse una nueva vivienda desde cero», siguen PP, Compromís y Cs. El gobierno local de Xàbia ha encargado esas catas hace apenas unas semanas, a pesar de que un informe municipal las lleva exigiendo desde 2019. Es decir, esos tres años a los que se refiere la oposición.

«El que miente es Chulvi»

Con todo esto, «es evidente que quien ha mentido respecto a la clasificación del suelo de la Granadella es Chulvi, no sabemos si por ignorancia sobre el Plan General que él mismo ha impulsado  y aprobado, o porque hay algún otro motivo de por medio que desconocemos». La oposición continúa afirmando que «lo que sí sabemos es que Chulvi sigue manteniendo en estos momentos en su puesto de trabajo al arquitecto Municipal  sobre cuya vivienda recae una sentencia firme que declara que las obras realizadas no son legalizables».

Por eso mismo, los portavoces de Partido Popular, Compromís y Ciudadano  piden al alcalde «que esclarezca por qué ha mantenido en su puesto a un Jefe de Urbanismo  que puede blanquear la ilegalidad de su vivienda a través del futuro Plan General». Además, el primer edil «debe pedir disculpas, no solo por las acusaciones de falsedad que ha vertido sobre los portavoces de los tres partidos, sino por haber mentido respecto a la clasificación del suelo de la Granadella en el que se encuentra el chalet».  Por fin, los tres partidos argumentan que el alcalde «debe modificar de inmediato los planos de zonificación para cerrar la puerta a cualquier tipo de reclasificación».