El interventor avala la bajada del IBI planteada por el gobierno de Gata
- El informe que solicitó la oposición (PP y PSPV) dejando la propuesta sobre la mesa concluye que reducir más el tipo impositivo obligaría a renunciar a las inversiones y/o las subvenciones a entidades locales
El debate sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se ha instalado en el centro de la política municipal en Gata de Gorgos esta semana. Ha sido a raíz del último pleno, en el que PP y PSPV abortaron la propuesta del equipo de gobierno (Compromís-JuGa) de rebajar el tipo impositivo del actual 0,78% hasta el 0,757%. Populares y socialistas, que juntos suman la mayoría de la corporación, aparcaron la decisión a la espera de un informe de Intervención que determine si la reducción puede ser aún mayor. Sin embargo, ese informe ya ha llegado y, en él, el interventor avala la propuesta del equipo de gobierno.
El informe de Intervención es claro, según se aprecia en la siguiente captura de imagen difundida por el ejecutivo municipal:
Como puede verse, el documento establece cinco posibles alternativas de cara a fijar el tipo del impuesto para el año 2017. Van desde dejarlo invariable hasta reducirlo hasta el 0,673%. Sin embargo, el interventor deja claras cuáles son las consecuencias de cada una de esas opciones.
La de no moverlo dejaría, lógicamente, las cosas como están. La segunda hipótesis es la que planteó el equipo de gobierno (rebaja hasta el 0,757%). Es, además, lo que establece el Plan Económico Financiero al que está sujeto el Ayuntamiento de Gata. Es decir, que reducir más el IBI supondría empezar a poner en riesgo el cumplimiento de las previsiones presupuestarias y la llamada regla del gasto.
De hecho, eso es lo que se aprecia en los apuntes de Intervención que acompañan a las otras dos alternativas. En caso de que el consistorio decidiera ir más allá y bajar el tipo hasta el 0,725%, habría que renunciar a incluir inversiones en el presupuesto; si se fija en el 0,704%, habría que renunciar a presupuestar subvenciones, es decir, a firmar los convenios que tiene el consistorio con las entidades locales; y si se opta el 0,673%, habría que renunciar a ambas cosas: inversiones y subvenciones.
Es por ello que el equipo de gobierno explica su decisión de optar por la hipótesis dos en la necesidad de actuar de forma "responsable". Opta por reducir el tipo del IBI, ya que "las familias habían hecho un esfuerzo económico el año anterior por la regularización catastral" de 2016, pero no llevar la bajada más allá de lo que plantean el Plan Económico Financiero y las Líneas Fundamentales del Presupuesto. Y expresa, en un escrito dirigido a la ciudadanía a través de las redes sociales, su postura: "Entendemos que tenemos la responsabilidad de no poner en peligro todos los servicios públicos que tenemos la obligación de prestar, así como de mantener el equilibrio y la estabilidad en el presupuesto de manera que se permita la realización de inversiones para la mejora de la calidad de vida" de los vecinos, "y que también permita seguir subvencionando a aquellas asociaciones municipales que den un servicio público que lo necesiten".
Admite el ejecutivo que la bajada en los recibos para el próximo año será, con su propuesta, "ligera", pero esgrime que el margen de maniobra es escaso a la luz de lo que dice el informe de la Intervención. Y no hay que olvidar que "nuestro ayuntamiento se nutre principalmente de los impuestos que todos y todas pagamos de los bienes inmuebles, por lo que cualquier bajada de este impuesto afecta siempre a la disponibilidad de dinero con que cuenta el ayuntamiento".
A modo de conclusión, Compromís y Juga destacan que la bajada que recibe ahora el aval del interventor "permitirá la sostenibilidad financiera de nuestro ayuntamiento y provocará, además, un cierto ahorro a las familias". Y lo ilustra con el siguiente ejemplo real.
Casuística
Un inmueble con un valor catastral de 50.000 euros, en el año 2005, con un tipo del 0,85%, pagaba 425 euros. En 2016, el valor catastral de este mismo inmueble pasó, con la regularización, a 56.500 euros, y con un tipo del 0,78% pagó 440 euros. En 2017, el valor catastral se mantiene constante y, con la propuesta del equipo de gobierno del tipo del 0,75 pagaría 423,7 euros. Por tanto, el gasto familiar quedaría por debajo, incluso, del correspondiente al año 2015.