• Los alcaldes pactan apelar al Consell Jurídic Consultiu al insistir la conselleria en que la empresa pública Vaersa debe quedarse con el 97% del millón y medio de euros que hay en caja de la empresa que gestiona los residuos en la comarca
• Los fondos que reclaman los municipios provienen de las tasas abonadas por los ciudadanos y estaba previsto que se destinaran a mejorar la gestión de los residuos modernizando las instalaciones

Los alcaldes de la Marina Alta y la Generalitat Valenciana, con su empresa pública Vaersa de por medio, siguen sin ponerse de acuerdo para el traspaso de las instalaciones de la planta de transferencia de residuos de la Xara. En la reunión que mantuvieron ayer en el Ayuntamiento de Dénia, los munícipes pactaron la estrategia a seguir tras la última reunión que mantuvieron en Valencia con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, en la que quedó meridianamente clara la dificultad de alcanzar un acuerdo económico. Finalmente va a tener que ser el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana quien determine a cuál de las dos partes le corresponde disponer del alrededor de millón y medio de euros que conserva como fondos la sociedad Reciclatge de Residus Marina Alta, S.A., la empresa que gestiona la planta de basuras y que está constituida por Vaersa y los ayuntamientos.

La decisión de la Generalitat Valenciana de desmantelar sus empresas públicas propició a finales de 2013 que Vaersa comunicara al resto de accionistas de la Societat de Reciclatge, que no son otros que los ayuntamientos, que abandona la empresa. Y ahí arranca el conflicto. Ambas partes están de acuerdo para que los municipios le compren a Vaersa su participación en la empresa, que alcanza el 97,4% de las acciones. Los ayuntamientos pagarían por ellas unos 56.000 euros.

Los representantes municipales estudian dedicar los fondos a crear una segunda planta de transferencias para el sur de la comarca

Sin embargo, la discrepancia aparece a la hora de valorar a quién le corresponden los 1.500.000 euros, aproximadamente, que tiene la empresa en caja. La Conselleria de Infraestructuras se acoge a lo que establece el Derecho mercantil, es decir, que a Vaersa le correspondería quedarse también con el 97,4% de esos fondos. Sin embargo, los ayuntamientos esgrimen que Reciclatge de Residus no es una empresa al uso, sino una sociedad con participación de administraciones públicas y que maneja fondos públicos. En este sentido, recuerdan que ese millón y medio de euros proviene de las aportaciones realizadas durante años por los ayuntamientos, y que además eran aportaciones finalistas, con lo que deben reinvertirse en las propias instalaciones de gestión de los residuos. Además, recuerdan que la inversión realizada en su día por la Generalitat para crear la planta de transferencias está ya amortizada.

Con este argumento, los alcaldes consideran que el millón y medio de euros, que provienen de las tasas pagadas por los vecinos, debe permanecer en la caja de la empresa para acometer la necesaria modernización de las instalaciones e incluso la creación de nuevas. De hecho, la prioridad de los municipios es crear una segunda planta de transferencias, de menores dimensiones, en la mitad sur de la comarca.

En la reunión de ayer, los alcaldes acordaron poner a trabajar a sus secretarios municipales para consensuar un informe jurídico que avale su postura y que se elevará al Consell Jurídic Consultiu. Vaersa, por su parte, remitirá también el suyo propio al órgano consultivo de la Generalitat. Y éste será, por tanto, quien tenga la última palabra.